IMPORTANCIA

Los años de desorganización, que podemos clasificar como el retroceso del Estado en sus funciones específicas, imprescindibles e irremplazables por la actividad privada, provocó en general la presencia de un Estado ausente.
Migraciones no fue ajena a este cuadro de situación, desaparecieron las políticas migratorias, su actividad se minimizó a los controles de ingreso y egreso, función que gradualmente desapareció para ser virtual, el organismo vivió sólo para si mismo.
Predominó un criterio meramente expulsivo de las migraciones, que solo sirvió para tener a los ciudadanos extranjeros habitando en el país como indocumentados.
Migraciones fue una “fabrica de irregulares”.
Una importante franja de habitantes, sin causa racional alguna, fueron condenados a la marginalidad, se les impidió obtener trabajos en blanco, no podían acceder a los beneficios de la seguridad social, no podían ser sujetos de créditos no tenían acceso a una vivienda digna.
Todas sus actividades, necesariamente, debían ser irregulares.
Su inexistencia jurídica los hacia víctimas de todo tipo de delitos, recorriendo las sentencias judiciales podemos advertir que terminaban siendo condenados como autor o como partícipe necesario.
En muchos de ellos la situación se agravaba por razones de sexo o de edad.
Por su situación de marginalidad es prácticamente imposible establecer el número exacto de quienes se encuentran en esa situación y donde se encuentran físicamente.
Un simple cálculo podría establecer un número mínimo, entre 1992 y 2003 ingresaron a la Argentina 504.000 posibles inmigrantes, se otorgó en el mismo período un promedio de 13.187 radicaciones anuales en consecuencia han quedado en situación ilegal 345.000 personas, que interpolando cifras de posibles atrasos podría elevar a la cifra de más de 750.000 los irregulares que se encontraban al momento de la asunción del actual gobierno.
A esta magnitud numérica no la disminuye, apreciablemente, las 130.000 radicaciones realizadas por esta gestión.
Toda esta situación en que se colocaba a quienes tenían “leal voluntad de honrado arraigo” también repercute en el organismo social.
La participación de indocumentados en el mercado del trabajo genera que el ingreso a los puestos de trabajo sea en negro y por el valor de su remuneración y no por su idoneidad.
Un indocumentado provoca inevitablemente una baja salarial.
Sus actividades no generan tributo alguno a la sociedad, solo genera riqueza para la economía informal.
Un solo dato estadístico, un contribuyente monotributista aporta al Estado como mínimo por año la suma de $ 1000.- un indocumentado cero pesos.
Un trabajador regularizado aporta a la economía nacional, a través de los descuentos de sus remuneraciones, sumas mucho mas importantes.
Un indocumentado sólo puede recurrir a la salud pública recargando los costos de la misma cuando, a través de su regularización, podría aliviar los costos estaduales utilizando otras estructuras de atención de la salud, obras sociales, salud privada etc.
Hay dos aspectos que hacen recomendable bregar por la desaparición de sectores de la población indocumentados. El primero que hace a la esfera de los Derechos Humanos, la forma de destruir la personalidad de un individuo es atacar su propia identidad, la falta de documentos identificatorios genera la marginalidad y la desigualdad exponiendo al ser humano a todas las formas de degradación.
El segundo hace al organismo social en cuanto a su seguridad, en todos sus aspectos, social, laboral, etc., ningún plan en esta área puede funcionar efectivamente cuando sectores de la población integran un ejercito blanco conformado por N.N: